Los pactos que está pidiendo el Rey entran dentro de sus funciones constitucionales, por lo que el Monarca cuenta con legitimidad y un margen de discrecionalidad a la hora de “moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, según afirma la propia Carta Magna. Quede claro, por tanto, que el Rey puede hablar y puede reunirse, e incluso debe hacerlo, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones y de su solicitud por la nación. Sin embargo, si no se puede discutir la habilitación legal, y si el Monarca cuenta con un aval de confianza previa, sus actuaciones sí son susceptibles de rigurosa crítica política. Y esa crítica política se hace ahora más necesaria en tanto que el Monarca ha descendido, precisamente, a las arenas de la política, con el impulso de un pacto que genera incertidumbre por su carácter genérico e indefinido y ofrece dudas razonables en torno a su oportunidad y viabilidad. La misma polémica que están provocando los movimientos del Rey da indicio de una estrategia mal planteada desde el principio.La sobreexposición mediática del papel político del Rey se agrava con la percepción que, en estos momentos, comparten muchos españoles: la cesión de Don Juan Carlos de su requerida neutralidad y su consiguiente confort con el actual Gobierno de izquierdas. Quizá esta querencia tenga voluntad táctica y pragmática, pero no por eso es menos evidente, ni deja de ser una recaída en una recurrente tentación de su reinado. Y lo malo es que, evaluado en esos mismos términos de pragmatismo y táctica, la comodidad del Rey con la izquierda no se puede explicar como un intento de mejora de su imagen, sino como la voluntad de asegurar su posición institucional contando con el respaldo de un Gobierno que, precisamente por su condición de izquierdas, siempre hace pender sobre los hombros del Rey la amenaza de su falta de adhesión. Así se pudo ver cuando el Gobierno quiso utilizar al monarca en el caso Haidar, para tapar sus vergüenzas: como siempre, el chantaje de la izquierda estaba implícito.
Que exista esa amenaza de la izquierda no debe implicar que el Rey se someta a ella. La Corona debe cuidar mucho sus compañías. Si el monarca ha de llevarse con Gobiernos de izquierdas y de derechas, cabe señalar que, en tiempos anteriores a los del actual jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, concretamente en los del añorado Sabino Fernández-Campo, la ecuanimidad se mantuvo en todo momento.
Ciertamente, Don Juan Carlos ha tenido cuidado de no repetir el mal precedente histórico que sentó Alfonso XIII en su viraje a la derecha, pero el actual monarca hace mal en proyectar su holgura hacia la izquierda: en primer lugar, porque el apoyo social de la derecha es, con justicia, crecientemente exigente y crítico y, en segundo lugar, porque, una vez que el Rey deja de estar por encima de la vida partidista, deja también, de modo automático, de ser el Rey de todos los españoles, cuestión aún más dolorosa para una derecha que ve menospreciado su tradicional respaldo al Monarca. Si los españoles han sido históricamente críticos con que sus reyes se metan en política, Don Juan Carlos debería, más que nunca, ceñirse a “esa esclavitud precisa que trae consigo la Corona” a la que aludía Felipe II, y hacer visible, como mínimo, su imparcialidad.
Esa distancia es la que se ha echado en falta cuando el Rey ha caído en los clichés del zapaterismo en sus discursos o, más singularmente, cuando, con su actitud, parece no reconocer que la crisis de España no es sólo económica sino moral, política e institucional. Por lamentable que resulte, la buena prensa que la Corona pueda eventualmente conseguir en la izquierda, no garantiza ni el apoyo mediático y político de esa misma izquierda encantada de disponer del Rey a su antojo, ni merma el creciente desapego de la derecha hacia el monarca. Y esto es muy grave.
Editorial de La Gaceta
