por Ibiza Melián
Concluía Francisco, gerente de “Radio Vecindad”, y editor del periódico vespertino, de ámbito local, “El Pobrecito Hablador”, en su libro: “El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partitocracia vigente”, preguntándose si la situación política actual no era más que el reflejo de los últimos coletazos de la agonizante Segunda Restauración imperante hoy en día. Guardando un considerable parecido con la Primera.
Erigiéndose la Primera Restauración como una larga etapa de relativa estabilidad, en la que España optó por instituirse como un Estado liberal de derecho. Iniciándose el 29 de Diciembre de 1874 y concluyendo con la proclamación de la Segunda República el 14 de Abril de 1931.
Al igual que en la Primera, esta Segunda arrancaría con la Restauración de los Borbones en el Trono, en este caso a través de la figura de Juan Carlos I, acaeciendo su entronización el 22 de Noviembre de 1975. El papel de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) recaería en Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Presuntamente autor ideológico de la “Ley para la Reforma Política”, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.
Más todos los elementos denunciados por los regeneracionistas durante la Primera, vuelven a reproducirse actualmente. ¿O es que acaso no presenciamos día tras día vestigios de un sangrante y deleznable caciquismo? Decía Joaquín Costa (1846-1911) en su obra “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España”: “(…) Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja de papel, no se despachaba un expediente, (…), ni se acometía una obra (…) No había que preguntar si tenías razón, (…) para saber como se fallaría (…) el expediente: había que preguntar si le era indiferente al cacique, y por tanto se mantenía neutral, o si estaba con vosotros o contra vosotros. (…) Se extraviaban los expedientes (…) que él quería que se extraviasen; (…) se imponían multas si era su voluntad que se impusieran (….); las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas (…); era diputado, alcalde o regidor a quién él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades, de sus medros o de sus venganzas (…). Tenía demarcado por los jerarcas supremos su feudo, el cual abarcaba ora una región, ora una provincia, o bien uno o más distritos dentro de ella. (…)
(…) Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, (…) que acabo borrosamente de bosquejar, subsiste íntegro (…) años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y el sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo (….) a los pies del cacique, a cambio de los votos necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de políticos tienen que ampararse para dominar el país. (…) El español vive a merced del acaso, pendiente de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora, sin honor,(…) humanidad, infinitamente peor que en los peores tiempos de la Roma pagana. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo: si algún rastro queda aquí o allá, es un mero accidente. En España no: forma un vasto sistema de gobierno, organizado (…) por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Alcaldías, (…), Ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegio de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe. (…)”
En España existen 7.286 Ayuntamientos, para una población de unos 46 millones de habitantes. Correspondiendo el 80% de ellos a circunscripciones con menos de 5.000 residentes, y un 73% inferior a mil. Lo que resulta llamativo al compararlo, por ejemplo, con el Reino Unido, con 60 millones de ciudadanos y sólo 340 entes locales. Aseverando asimismo los últimos estudios que un mayor tamaño consistorial conduce a una reducción en la arbitrariedad municipal. Cuando el mundo empresarial se reestructura para ahorrar costes, no así la Administración. Ya lo dice un famoso anuncio de la televisión que “Villa Arriba”, se ha unido con “Villa Abajo”, para formar “Villa En Medio” y aumentar sus sinergias, pero parece que ese mensaje aún no ha calado entre las ya paupérrimas arcas consistoriales.
Urgiendo acometer también otras mejoras en el ámbito municipal. En la línea de sustituir la figura del “strong-mayor” actual, de corte presidencialista, por la del “city-manager”. Aplicada, por ejemplo, en Estados Unidos, con la que han logrado prácticamente acabar con los casos de corrupción y el abyecto clientelismo político. Fórmula implantada también en Australia, Noruega o Irlanda, con excelentes resultados.
El “city-manager” se fundamenta en contratar a un administrador para la localidad, de probada solvencia y perfectamente conocedor de los procedimientos reglamentarios. Seleccionado como gerente municipal para liderar los proyectos aprobados por el Consejo Plenario. Su mandato tendrá una duración diferente a la de la legislatura, evitando así vinculación política alguna. Quedando ceñidas las funciones de los concejales, votados por el pueblo en las urnas, a la legislativa. Circunscrita a su manifestación en el Pleno, donde avalarán o retirarán el apoyo de las acciones efectuadas por el “city-manager”. Y limitando el papel del Alcalde, al otorgarle un exiguo margen ejecutivo.
De este modo se culminarían los proyectos, habitualmente paralizados por cambios de gobiernos o incapacidad por desconocimiento de los propios ediles. Se agilizaría la tramitación de los expedientes, aminorando la carga burocrática, simplificando los procesos. Adelgazaríamos el capítulo uno del presupuesto, destinado a personal. Contando únicamente con los sujetos más preparados e idóneos, acorde a las particulares labores y no conforme a su afiliación ideológica. En definitiva ganaríamos en transparencia y optimizaríamos convenientemente los exiguos recursos de los que disponemos.
Otro punto escasamente comprensible radica en que entre las dispares instituciones: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones o Cabildos y Ayuntamientos, no se da una perfecta sincronización para evitar solapamientos y duplicidades. Poseyendo Europa mayores herramientas de control sobre España, como país miembro, que el gobierno central sobre las propias Comunidades. A las cuales nadie osa valorar o recriminar por su gasto excesivo o por la tendencia de crear multiplicidad de fundaciones y consorcios mixtos, que hacen más complicado su escrutinio. No promulgándose ni la eficacia, ni la eficiencia, ni traduciéndose en un mayor incremento de prestaciones al ciudadano. Existiendo incluso estudios que aseveran que un 75% de las partidas destinadas a gasto social son absorbidas por la burocracia. ¿La tan ansiada reforma constitucional del Senado, en pro de convertirlo en una auténtica cámara territorial, no serviría para concretar y fiscalizar este engranaje? Si la Constitución de 1978, optó por el Estado de las Autonomías como un modelo abierto, a todas luces inacabado, ¿por qué no se ha avanzado en su perfeccionamiento? Si bien se presenta harto difícil modificar el texto rígido de nuestra Carta Magna si no resurge el obligado espíritu de consenso de la Transición. Requiriendo una absoluta conciencia acerca de las vicisitudes que ha sufrido nuestro Estado Constitucional a lo largo de los casi dos siglos precedentes, atacado demasiado frecuentemente y con suma beligerancia por fuerzas contrarias a la libertad.
Para Francisco esto era un claro síntoma de caciquismo, al sostenerse todo el engranaje sobre la base. A nivel central se prefiere mirar hacia otro lado antes que perturbar a las élites regionales o locales. Un aparato cada vez más engordado, en pro de sufragar con el clientelismo el sostenimiento de los partidos.
Pero no sólo el caciquismo sigue reinante, sino también las fórmulas del encasillado o pucherazo, quizás más depuradas pero a la postre sujetas al mismo fin. Siendo un perfecto encasillado las listas cerradas y bloqueadas, donde los futuros gobernantes serán aquellos que dispongan únicamente las formaciones políticas. Probablemente no los más brillantes, sino los más sumisos y proclives a la causa de cada organización o a la del caudillo de turno. Donde el lema imperante es, parafraseando a un carismático ex dirigente político, “militancia pura y dura”. Desterrando cualquier atisbo de razonamiento o autocrítica. ¿Se puede considerar a eso democracia? Bien les vendría a muchos recordar el ulterior pasaje de Karl Popper: “Una vez que comenzamos a confiar en nuestra razón y a utilizar las facultades de la crítica, una vez que experimentamos el llamado de la responsabilidad personal y, con ella, la responsabilidad de contribuir a aumentar nuestros conocimientos, no podemos admitir la regresión a un estado basado en el sometimiento implícito a la magia tribal.”
Deambula, de boca en boca, una clásica leyenda urbana que narra una turbulenta historia de personas que merodean alrededor del colegio electoral, el mismo día de los comicios, repartiendo votos a diestro y siniestro de concretas candidaturas. Si esto fuera cierto, y alguien te entregase el sufragio correspondiente a la lista del regidor gobernante, ¿no lo cogerías? Mayormente en pueblos pequeños donde todos se conocen. Si además resulta que tu puesto de trabajo, o el de algún familiar, depende del primer edil. Sin olvidar el lema de la Restauración: “para los enemigos la ley, para los amigos el favor”. ¿Al menos no haría recapacitar a más de uno el declinar la recepción? ¿No obligando a retirar exclusivamente la papeleta de la cabina habilitada al efecto, no estaríamos siendo condescendientes con un picaresco intento de pucherazo?
Un parlamento ceñido a ratificar lo que el ejecutivo dispone, apoyado por una obediente mayoría de diputados, con cada vez menos poder efectivo. Volatizando la tan necesaria separación de poderes, auspiciada con el objetivo de que unos controlaran a los otros y ninguno resultara privilegiado sobre el resto. Como diría Adolfo Suárez: “El control parlamentario no perjudica la eficacia de los gobiernos. Para preservar la democracia ninguna mayoría absoluta debería poder eludir la función de fiscalización del Parlamento. En España sí puede.”
Un régimen electoral que conduce al bipartidismo, y a la preeminencia de las fuerzas mayoritarias, dejando sin representación a las minoritarias. Una absurda “reglamentitis”. Se calcula que en España coexisten 100.000 leyes y reglamentos, más las normativas europeas de ejecución directa. La pretensión inicial de la Ilustración era mostrar una homogeneización reglamentaria en la globalidad del territorio. Con el propósito de presentar un sistema de orden, que favoreciera la seguridad jurídica y posibilitara que su destinatario supiera a qué atenerse en cada momento. Sin embargo, con este maremágnum normativo no se muestra factible tan loable propósito. Al contrario, pareciera que está concebido como una tela de araña con el fin de atrapar entre sus redes hasta el administrado más avezado.
¿No son claras señales de la necesaria transformación de nuestro régimen? ¿No es requerida, ahora más que nunca, nuevamente la “Revolución desde Arriba”, proclamada por Maura? Reforma a ejecutar por los gobernantes, en base a una transformación del sistema y no una ruptura. ¿Pero quiénes poseerán la suficiente valentía para desarrollar tales planteamientos, cuando sus cimientos se sustentan en fórmulas tan arraigadas? ¿Serán capaces los partidos actuales de manifestar a sus simpatizantes de que se ha terminado el reinado de las prebendas y ya sólo queda la lucha por defender proyectos, el bien común e ideales? ¿De avisar a miles de concejales y cargos de confianza que deben reciclarse y retornar al ámbito privado? ¿O postergarán semejantes decisiones para después de las generales, con tal de no perder un escaño en el parlamento y el sillón de mando donde se sostienen? No obstante, al igual que Maura predijera: “(…) más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución (…) desde el Gobierno (…). Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…)”.
Quizás la única esperanza que nos quede sea profundizar en ese pensamiento de centro-reformista y liberal, al objeto de dirigirnos hacia fórmulas más justas, equitativas, eficaces y eficientes. ¿O tal vez se torna en ilusa utopía? Restándonos sólo transitar perennemente en el país de los ciegos, como en una especie de limbo impuesto como pena por no vislumbrar los males que aquejan a nuestra patria, a los que una gran mayoría prefiere hacer caso omiso. ¿Es la mejor opción vivir en el irreal “Matrix” de los administrados, diseñado y controlado minuciosamente por unos administradores alzados sobre el resto de los mortales en sus particulares reinos partitocráticos?
Fuente: Ibiza Melián, blog personal
